Los Presupuestos General del Estado, PGE, contemplan ayudas de 50 millones para apoyar la movilidad sostenible
Los Presupuestos General del Estado, PGE, contemplan ayudas de 50 millones para apoyar la movilidad sostenible. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el ejercicio 2017 recoge una nueva dotación de 50 millones de euros en concepto de ayudas orientadas a financiar las actuaciones de apoyo a la movilidad eficiente y sostenible. Esta partida, al igual que se ha hecho con anteriores planes PIVE o Movea, se gestionará a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y representa aproximadamente el 0,6% del presupuesto de gastos del Estado para 2017
Para las actuaciones de Seguridad Vial en los PGE se destinan 740 millones de euros. La disminución del 1,9 por ciento que experimentan las dotaciones de este programa es consecuencia del proceso de centralización de los créditos para la gestión de los servicios de contratación centralizada. Las actuaciones desarrolladas en este ámbito están orientadas a la consecución de tres objetivos primordiales y permanentes del área:
De conformidad con las líneas estratégicas definidas por la Unión Europea, para 2017 se pretende unificar las líneas de apoyo del Gobierno a los vehículos eficientes en un solo programa que impulse el uso de los combustibles alternativos, apoyando la adquisición de vehículos con gases licuados del petróleo (GLP), Gas natural vehicular y vehículo eléctrico, así como incentivando la instalación de infraestructuras de suministro y recarga.
Aparte de las actuaciones reseñadas, se atenderá la sostenibilidad energética y medioambiental, a través de un programa de ayudas para compensar los costes indirectos imputables a las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidos en los precios de la electricidad, del que podrán beneficiarse las instalaciones pertenecientes a sectores expuestos a un riesgo significativo de “fuga de carbono”.
Subvenciones al Transporte
Las subvenciones al transporte se justifican por diversos motivos, tales como la necesidad de prestar servicios públicos de transporte de carácter deficitario; procurar la integración de las islas con la península y entre las mismas islas; mejorar las infraestructuras y flotas de transporte, etc. La aplicación de las subvenciones del Estado a las empresas y organismos que realizan tales servicios, se rige por su normativa específica, como son los estatutos de las empresas públicas o los contratos-programas. Estas ayudas tienen la finalidad de poner a disposición de los usuarios unos servicios de transporte a precios asequibles, inferiores a los necesarios para cubrir costes. En el Presupuesto del año 2017 se destinan créditos por un importe de 1.414 millones de euros, lo que supone mantener las dotaciones a un nivel similar al del año 2016. En el ámbito del transporte terrestre, las empresas prestadoras de los servicios de transporte, dadas las características de los mismos, arrojan frecuentemente resultados negativos que han de ser cubiertos por el Estado, si se quiere garantizar la prestación del servicio en las condiciones adecuadas.
En cuanto al transporte urbano y metropolitano en los PGE, durante 2017 recibirán ayudas: la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona por importe de 108 millones de euros, la Comunidad Autónoma de Canarias por importe de 25 millones de euros y el Consorcio Regional de Transportes de Madrid por importe de 126 millones de euros. RENFE-Viajeros S.A. recibirá 495 millones de euros como compensación a las obligaciones de servicio público correspondientes a 2016 según el Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2010. Además, se aportarán 110 millones de euros para compensar las obligaciones de servicio público de cercanías y media distancia prestados en Cataluña en el ejercicio 2016 que fueron transferidos a la comunidad autónoma desde el 1 de enero de 2010. Las subvenciones previstas en el transporte aéreo y marítimo nacional se destinan a bonificar los precios de los transportes utilizados por los residentes de la Unión Europea en territorios españoles extrapeninsulares, paliando así la falta de disponibilidad de otros modos de transporte y contribuyendo al desarrollo económico y social de dichas regiones. Concretamente, se sufragan las deducciones legales que disfrutan los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, aplicables a las tarifas de los transportes de tráfico regular directo entre las áreas geográficas o ciudades mencionadas y la Península, tanto en trayecto de ida como de vuelta, así como a desplazamientos interinsulares dentro de sus archipiélagos correspondientes. Desde el ejercicio 2007, el porcentaje de la bonificación es del 50 por ciento del precio del billete. Los créditos destinados a las citadas subvenciones alcanzan en 2017 el importe de 424 millones de euros.
Además, las familias numerosas también se benefician de subvenciones en sus traslados por vía marítima y aérea cuyo importe alcanzará, en 2017, los 17 millones de euros, lo que supone un incremento del 22,7% respecto del 2016. Con el fin de garantizar los desplazamientos entre la península y los territorios no peninsulares, se vienen licitando, por concurso público abierto, cuatro contratos relativos a las Líneas Marítimas de Interés Público: Península-Baleares; Península-Canarias, Península-Ceuta y Península-Melilla. En 2014 finalizó el plazo de los contratos anteriores procediéndose a la tramitación de nuevas licitaciones para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de navegaciones de interés general, contratos que están prorrogados hasta 2018 o deberán licitarse de nuevo en 2017, previéndose un gasto para el año 2017 de 15 millones de euros. Para garantizar los servicios aéreos en determinadas líneas especialmente críticas para el desarrollo socio-económico de los territorios en los que es complicado para las compañías aéreas poder rentabilizarlos, se financian obligaciones de servicio público. En concreto, en el mercado interinsular canario se financiarán las conexiones entre la isla de La Gomera con las dos islas capitalinas (Tenerife Norte y Gran Canaria), así como los enlaces de El Hierro con Gran Canaria y entre Tenerife Sur y Gran Canaria. Del mismo modo, se financiará la operativa de la ruta que une las ciudades de Menorca y Madrid durante la temporada de invierno. El gasto previsto para 2017 asciende a 4 millones de euros. También se contemplan en esta política las subvenciones establecidas para el transporte aéreo y marítimo de mercancías entre las Islas Canarias, las Islas Baleares y la Península, y viceversa, así como el existente entre las islas, y el de exportación de las mismas a países extranjeros; previéndose un gasto en 2017 de 55 millones de euros. En el caso de las subvenciones a las mercancías con origen y destino en Canarias, parte de las ayudas a su transporte reciben fondos comunitarios al tener éstas la consideración de región ultraperiférica de la Unión Europea. En concreto, para 2016 la parte cofinanciada subió del 50% al 85% por lo que, con el mismo esfuerzo presupuestario por parte de la Administración General del Estado, fué posible incrementar las bonificaciones en este caso concreto.
Para garantizar los servicios aéreos en determinadas líneas especialmente críticas para el desarrollo socio-económico de los territorios en los que es complicado para las compañías aéreas poder rentabilizarlos, se financian obligaciones de servicio público. En concreto, en el mercado interinsular canario se financiarán las conexiones entre la isla de La Gomera con las dos islas capitalinas (Tenerife Norte y Gran Canaria), así como los enlaces de El Hierro con Gran Canaria y entre Tenerife Sur y Gran Canaria. Del mismo modo, se financiará la operativa de la ruta que une las ciudades de Menorca y Madrid durante la temporada de invierno. El gasto previsto para 2017 asciende a 4 millones de euros. También se contemplan en esta política las subvenciones establecidas para el transporte aéreo y marítimo de mercancías entre las Islas Canarias, las Islas Baleares y la Península, y viceversa, así como el existente entre las islas, y el de exportación de las mismas a países extranjeros; previéndose un gasto en 2017 de 55 millones de euros. En el caso de las subvenciones a las mercancías con origen y destino en Canarias, parte de las ayudas a su transporte reciben fondos comunitarios al tener éstas la consideración de región ultraperiférica de la Unión Europea. En concreto, para 2016 la parte cofinanciada subió del 50% al 85% por lo que, con el mismo esfuerzo presupuestario por parte de la Administración General del Estado, fué posible incrementar las bonificaciones en este caso concreto.
Durante los últimos ejercicios se han aprobado reales decretos que modifican los términos de determinadas concesiones de autopistas de peaje en los PGE, con el fin de que algunos de los trayectos en ellas incluidos queden libres de peaje o con un precio bonificado. Esto supone una compensación a las sociedades concesionarias que en el año 2017 alcanzará los 27 millones de euros. A lo anterior, hay que añadir 4 millones de euros para compensar otras pérdidas de ingresos por rebaja de tarifas de peaje
La inversión pública en infraestructuras los PGE viene siendo una prioridad del gasto público y un instrumento básico para dinamizar la economía, para el aumento de la productividad, el funcionamiento eficaz del mercado de bienes y servicios, la vertebración del territorio, y facilitar el desarrollo de las zonas más desfavorecidas. Para abordar las tareas en los ámbitos de las infraestructuras de transporte terrestre, aéreo y marítimo, de competencia estatal, se presentó a finales de septiembre de 2012 el Plan Estratégico de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) que, basado en el examen de la situación actual y la valoración rigurosa de las necesidades de la sociedad, estableció las prioridades y programas hasta el año 2024. En materia de medio ambiente, durante 2017 se seguirán llevando a cabo planes tales como: Plan Nacional de Calidad de las Aguas, Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas, Plan Nacional de Reutilización de Aguas y Planes Hidrológicos de Demarcación. Los créditos totales asignados a la política de Infraestructuras, tanto para gastos corrientes como para gastos de capital, ascienden a 5.392 millones de euros. Dentro de estas dotaciones, las inversiones representan 2.698 millones de euros. Si se tienen en cuenta las inversiones que realiza el sector público empresarial, las inversiones totales en infraestructuras alcanzan los 7.480 millones de euros. En esta política intervienen tres Departamentos: -
Las actuaciones más relevantes en esta materia, que se recogen dentro del PITVI 2012-2024 se centrarán en la Red de Gran Capacidad, en la Red de Carreteras Convencionales y en los entornos urbanos. En la Red de Gran Capacidad, se va a incrementar la accesibilidad y la cohesión territorial mediante el cierre de los itinerarios de alta capacidad ya comenzados y el desarrollo de los nuevos corredores. Asimismo, se incrementará la capacidad que ofrece la Red de autovías y autopistas existente, mediante el aumento del número de carriles. En la Red de carreteras convencionales, es necesario realizar actuaciones de acondicionamiento y mejora de la seguridad vial. También se contempla la construcción de variantes de población que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos en aquellas poblaciones que soportan travesías congestionadas y aseguren, además, a los usuarios una circulación segura y fluida.
En cuanto al entorno urbano en los PGE, se planificarán y ejecutarán circunvalaciones en las grandes aglomeraciones urbanas, se potenciarán las conexiones con los puertos y aeropuertos, piezas clave para la industria y el turismo, motores de la economía de nuestro país. Así, se dotará de mayor capacidad a los accesos existentes o se construirán nuevos accesos que faciliten la conexión directa con la Red de Gran Capacidad. Para todas estas actuaciones, el Ministerio de Fomento dispondrá de 832 millones de euros. Por otro lado, la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. (SEITTSA), creada en 2005 para la ejecución y/o explotación de infraestructuras de carreteras y ferroviarias, realizará inversiones en carreteras por importe de 201 millones de euros. Para la conservación del patrimonio viario, manteniendo los elementos de las carreteras en condiciones de funcionalidad y seguridad y para el acondicionamiento de las autovías de 1ª generación, se destinarán 884 millones de euros.
Para las actuaciones de Seguridad Vial en los PGE se destinan 740 millones de euros. La disminución del 1,9 por ciento que experimentan las dotaciones de este programa es consecuencia del proceso de centralización de los créditos para la gestión de los servicios de contratación centralizada. Las actuaciones desarrolladas en este ámbito están orientadas a la consecución de tres objetivos primordiales y permanentes del área:
- Disminuir el número de víctimas y de accidentes de tráfico, que permita contribuir al objetivo europeo de reducción del 50 por ciento de víctimas mortales en el año 2020 respecto al año 2011.
- Garantizar la movilidad a través de una adecuada gestión del tráfico, mediante los siete centros de gestión del tráfico que ejercen su influencia en las principales vías interurbanas de todo el Estado, excepto en territorios catalanes y vascos.
- Proveer la gestión de todos los trámites asociados a la gestión de la circulación, a través de la administración electrónica.
De conformidad con las líneas estratégicas definidas por la Unión Europea, para 2017 se pretende unificar las líneas de apoyo del Gobierno a los vehículos eficientes en un solo programa que impulse el uso de los combustibles alternativos, apoyando la adquisición de vehículos con gases licuados del petróleo (GLP), Gas natural vehicular y vehículo eléctrico, así como incentivando la instalación de infraestructuras de suministro y recarga.
Aparte de las actuaciones reseñadas, se atenderá la sostenibilidad energética y medioambiental, a través de un programa de ayudas para compensar los costes indirectos imputables a las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidos en los precios de la electricidad, del que podrán beneficiarse las instalaciones pertenecientes a sectores expuestos a un riesgo significativo de “fuga de carbono”.
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| Los Presupuestos General del Estado, PGE, contemplan ayudas de 50 millones para apoyar la movilidad sostenible |
Subvenciones al Transporte
Las subvenciones al transporte se justifican por diversos motivos, tales como la necesidad de prestar servicios públicos de transporte de carácter deficitario; procurar la integración de las islas con la península y entre las mismas islas; mejorar las infraestructuras y flotas de transporte, etc. La aplicación de las subvenciones del Estado a las empresas y organismos que realizan tales servicios, se rige por su normativa específica, como son los estatutos de las empresas públicas o los contratos-programas. Estas ayudas tienen la finalidad de poner a disposición de los usuarios unos servicios de transporte a precios asequibles, inferiores a los necesarios para cubrir costes. En el Presupuesto del año 2017 se destinan créditos por un importe de 1.414 millones de euros, lo que supone mantener las dotaciones a un nivel similar al del año 2016. En el ámbito del transporte terrestre, las empresas prestadoras de los servicios de transporte, dadas las características de los mismos, arrojan frecuentemente resultados negativos que han de ser cubiertos por el Estado, si se quiere garantizar la prestación del servicio en las condiciones adecuadas.
En cuanto al transporte urbano y metropolitano en los PGE, durante 2017 recibirán ayudas: la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona por importe de 108 millones de euros, la Comunidad Autónoma de Canarias por importe de 25 millones de euros y el Consorcio Regional de Transportes de Madrid por importe de 126 millones de euros. RENFE-Viajeros S.A. recibirá 495 millones de euros como compensación a las obligaciones de servicio público correspondientes a 2016 según el Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2010. Además, se aportarán 110 millones de euros para compensar las obligaciones de servicio público de cercanías y media distancia prestados en Cataluña en el ejercicio 2016 que fueron transferidos a la comunidad autónoma desde el 1 de enero de 2010. Las subvenciones previstas en el transporte aéreo y marítimo nacional se destinan a bonificar los precios de los transportes utilizados por los residentes de la Unión Europea en territorios españoles extrapeninsulares, paliando así la falta de disponibilidad de otros modos de transporte y contribuyendo al desarrollo económico y social de dichas regiones. Concretamente, se sufragan las deducciones legales que disfrutan los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, aplicables a las tarifas de los transportes de tráfico regular directo entre las áreas geográficas o ciudades mencionadas y la Península, tanto en trayecto de ida como de vuelta, así como a desplazamientos interinsulares dentro de sus archipiélagos correspondientes. Desde el ejercicio 2007, el porcentaje de la bonificación es del 50 por ciento del precio del billete. Los créditos destinados a las citadas subvenciones alcanzan en 2017 el importe de 424 millones de euros.
Además, las familias numerosas también se benefician de subvenciones en sus traslados por vía marítima y aérea cuyo importe alcanzará, en 2017, los 17 millones de euros, lo que supone un incremento del 22,7% respecto del 2016. Con el fin de garantizar los desplazamientos entre la península y los territorios no peninsulares, se vienen licitando, por concurso público abierto, cuatro contratos relativos a las Líneas Marítimas de Interés Público: Península-Baleares; Península-Canarias, Península-Ceuta y Península-Melilla. En 2014 finalizó el plazo de los contratos anteriores procediéndose a la tramitación de nuevas licitaciones para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de navegaciones de interés general, contratos que están prorrogados hasta 2018 o deberán licitarse de nuevo en 2017, previéndose un gasto para el año 2017 de 15 millones de euros. Para garantizar los servicios aéreos en determinadas líneas especialmente críticas para el desarrollo socio-económico de los territorios en los que es complicado para las compañías aéreas poder rentabilizarlos, se financian obligaciones de servicio público. En concreto, en el mercado interinsular canario se financiarán las conexiones entre la isla de La Gomera con las dos islas capitalinas (Tenerife Norte y Gran Canaria), así como los enlaces de El Hierro con Gran Canaria y entre Tenerife Sur y Gran Canaria. Del mismo modo, se financiará la operativa de la ruta que une las ciudades de Menorca y Madrid durante la temporada de invierno. El gasto previsto para 2017 asciende a 4 millones de euros. También se contemplan en esta política las subvenciones establecidas para el transporte aéreo y marítimo de mercancías entre las Islas Canarias, las Islas Baleares y la Península, y viceversa, así como el existente entre las islas, y el de exportación de las mismas a países extranjeros; previéndose un gasto en 2017 de 55 millones de euros. En el caso de las subvenciones a las mercancías con origen y destino en Canarias, parte de las ayudas a su transporte reciben fondos comunitarios al tener éstas la consideración de región ultraperiférica de la Unión Europea. En concreto, para 2016 la parte cofinanciada subió del 50% al 85% por lo que, con el mismo esfuerzo presupuestario por parte de la Administración General del Estado, fué posible incrementar las bonificaciones en este caso concreto.
Para garantizar los servicios aéreos en determinadas líneas especialmente críticas para el desarrollo socio-económico de los territorios en los que es complicado para las compañías aéreas poder rentabilizarlos, se financian obligaciones de servicio público. En concreto, en el mercado interinsular canario se financiarán las conexiones entre la isla de La Gomera con las dos islas capitalinas (Tenerife Norte y Gran Canaria), así como los enlaces de El Hierro con Gran Canaria y entre Tenerife Sur y Gran Canaria. Del mismo modo, se financiará la operativa de la ruta que une las ciudades de Menorca y Madrid durante la temporada de invierno. El gasto previsto para 2017 asciende a 4 millones de euros. También se contemplan en esta política las subvenciones establecidas para el transporte aéreo y marítimo de mercancías entre las Islas Canarias, las Islas Baleares y la Península, y viceversa, así como el existente entre las islas, y el de exportación de las mismas a países extranjeros; previéndose un gasto en 2017 de 55 millones de euros. En el caso de las subvenciones a las mercancías con origen y destino en Canarias, parte de las ayudas a su transporte reciben fondos comunitarios al tener éstas la consideración de región ultraperiférica de la Unión Europea. En concreto, para 2016 la parte cofinanciada subió del 50% al 85% por lo que, con el mismo esfuerzo presupuestario por parte de la Administración General del Estado, fué posible incrementar las bonificaciones en este caso concreto.
Durante los últimos ejercicios se han aprobado reales decretos que modifican los términos de determinadas concesiones de autopistas de peaje en los PGE, con el fin de que algunos de los trayectos en ellas incluidos queden libres de peaje o con un precio bonificado. Esto supone una compensación a las sociedades concesionarias que en el año 2017 alcanzará los 27 millones de euros. A lo anterior, hay que añadir 4 millones de euros para compensar otras pérdidas de ingresos por rebaja de tarifas de peaje
La inversión pública en infraestructuras los PGE viene siendo una prioridad del gasto público y un instrumento básico para dinamizar la economía, para el aumento de la productividad, el funcionamiento eficaz del mercado de bienes y servicios, la vertebración del territorio, y facilitar el desarrollo de las zonas más desfavorecidas. Para abordar las tareas en los ámbitos de las infraestructuras de transporte terrestre, aéreo y marítimo, de competencia estatal, se presentó a finales de septiembre de 2012 el Plan Estratégico de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) que, basado en el examen de la situación actual y la valoración rigurosa de las necesidades de la sociedad, estableció las prioridades y programas hasta el año 2024. En materia de medio ambiente, durante 2017 se seguirán llevando a cabo planes tales como: Plan Nacional de Calidad de las Aguas, Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas, Plan Nacional de Reutilización de Aguas y Planes Hidrológicos de Demarcación. Los créditos totales asignados a la política de Infraestructuras, tanto para gastos corrientes como para gastos de capital, ascienden a 5.392 millones de euros. Dentro de estas dotaciones, las inversiones representan 2.698 millones de euros. Si se tienen en cuenta las inversiones que realiza el sector público empresarial, las inversiones totales en infraestructuras alcanzan los 7.480 millones de euros. En esta política intervienen tres Departamentos: -
- El Ministerio de Fomento, que dispondrá de 3.626 millones de euros en 2017, de los que 1.758 millones de euros corresponden a inversiones.
- El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que dispondrá de 1.723 millones de euros en 2017, de los que 940 millones de euros corresponden a inversiones. -
- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, a través del Organismo Autónomo Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, que dispondrá de 30 millones de euros. Además, en la Sección 32 “Entes Territoriales” se incluyen subvenciones de capital por importe de 13 millones de euros para financiar inversiones en infraestructuras del transporte metropolitano de Sevilla y Málaga. Al margen del presupuesto administrativo, intervienen en el desarrollo de esta política los entes públicos y sociedades anónimas mercantiles tuteladas por los ministerios de Fomento (Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, SME. SA; ADIF y ADIF Alta Velocidad tras el proceso de escisión, AENA SME. SA, ENAIRE (Grupo) y Puertos del Estado y Autoridades Portuarias) y de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Sociedades de Aguas). A continuación se analizan las inversiones en los distintos tipos de infraestructuras
Las actuaciones más relevantes en esta materia, que se recogen dentro del PITVI 2012-2024 se centrarán en la Red de Gran Capacidad, en la Red de Carreteras Convencionales y en los entornos urbanos. En la Red de Gran Capacidad, se va a incrementar la accesibilidad y la cohesión territorial mediante el cierre de los itinerarios de alta capacidad ya comenzados y el desarrollo de los nuevos corredores. Asimismo, se incrementará la capacidad que ofrece la Red de autovías y autopistas existente, mediante el aumento del número de carriles. En la Red de carreteras convencionales, es necesario realizar actuaciones de acondicionamiento y mejora de la seguridad vial. También se contempla la construcción de variantes de población que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos en aquellas poblaciones que soportan travesías congestionadas y aseguren, además, a los usuarios una circulación segura y fluida.
En cuanto al entorno urbano en los PGE, se planificarán y ejecutarán circunvalaciones en las grandes aglomeraciones urbanas, se potenciarán las conexiones con los puertos y aeropuertos, piezas clave para la industria y el turismo, motores de la economía de nuestro país. Así, se dotará de mayor capacidad a los accesos existentes o se construirán nuevos accesos que faciliten la conexión directa con la Red de Gran Capacidad. Para todas estas actuaciones, el Ministerio de Fomento dispondrá de 832 millones de euros. Por otro lado, la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. (SEITTSA), creada en 2005 para la ejecución y/o explotación de infraestructuras de carreteras y ferroviarias, realizará inversiones en carreteras por importe de 201 millones de euros. Para la conservación del patrimonio viario, manteniendo los elementos de las carreteras en condiciones de funcionalidad y seguridad y para el acondicionamiento de las autovías de 1ª generación, se destinarán 884 millones de euros.
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